A/A:        Sr. Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía

 

Asunto:      Endesa intenta desalojar a personas mayores sin recursos de inmuebles de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en los que llevan viviendo décadas y en los que nunca había acometido ni las más elementales obras de adecuación y mantenimiento.

 

Documentación original que se adjunta:

            Carta del Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural y Cultural del Tranco a la Sra. Ministra de Medio Ambiente.

 

Documentación cuya fotocopia se adjunta:

            Cédula de citación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villacarrillo.

           Auto de Dª Raquel Zuil Tejero, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villacarrillo.

           Demanda de Juicio Verbal de Precario, formulada por Manuel López Palomares, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Endesa Generación, S.A.,  frente a D. Vicente Alarcón Rubio.

 Estimado Sr. Consejero:

 Como Ud. sabe, esta Asociación ha venido realizando gestiones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un lugar que lleva siendo ignorado por todas las Administraciones Públicas españolas y extranjeras desde el principio del mundo. Por desgracia, ninguna de estas gestiones ha obtenido todavía el fruto esperado, aunque nos constan sus esfuerzos para impulsar la transferencia del Tranco a la Junta de Andalucía.

Esta Asociación se ha dirigido a las distintas Administraciones para exponer los riesgos para la integridad de los habitantes del Poblado del Pantano del Tranco que se derivan de una situación tan poco conforme a Derecho.

Pero cuando creíamos que ya no cabía más abandono y que no podía resultar más inútil nuestro deambular de ventanilla en ventanilla solicitando la limosna de que se respetaran unos derechos presuntamente amparados por la Constitución Española para todos los vecinos con papeles de este atribulado país, he aquí que dos familias del Poblado del Tranco, ambas compuestas por jubilados que malviven con su magra pensión mínima, reciben a estas alturas una temible misiva con membrete de Endesa en cuyo alegre exordio se les emplaza con cajas destempladas a desalojar antes del próximo día 4 de diciembre las cuatro paredes que han constituido su morada durante los últimos cuarenta años.

Se trata de una demanda de juicio verbal de precario en la que Endesa se dirige al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo solicitando que se condene a los demandados al desalojo de las viviendas que habitan. Según parece esta es la primera de una serie de demandas que persiguen dejar desierto el poblado.

Cualquier persona de bien puede imaginar el efecto que semejante ultimátum ejerce sobre la salud de personas ya mayores y cuyos parcos ingresos les impiden afrontar no ya la adquisición sino incluso el alquiler de otra vivienda, por no mencionar la

profunda tristeza que se abate sobre su ánimo al imaginar el fin de sus días lejos del entorno en el que llevan viviendo toda su vida.

Cabe, por encima de cualquier otra consideración, preguntarnos qué récord de decencia pretende conquistar una empresa que acaba de hacer público que ha obtenido un beneficio neto de 2.508 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, el 61,2% más que el año anterior, y que, al mismo tiempo, no sólo le pide al Gobierno que autorice una subida de las tarifas eléctricas sino que también pretende, por ahora, que cuatro desventurados pensionistas sin recursos abandonen sus barracones, vaya por delante que estamos hablando de inmuebles cuyo valor no alcanza ni la mitad del de un dúplex en Manhattan.

Desconocemos si se trata de una acción que forma parte de un proceso de venta de activos auspiciado por el Consejo de Administración de la Empresa Energética Española, S.A. o del obtuso empecinamiento de algún cerebro brillante pero situado en niveles intermedios o subterráneos de decisión, que postula que Endesa necesita disponer de forma inmediata de una vivienda que está prácticamente en ruinas y construida sobre terrenos de dominio público.

Pese a todo, hemos de reconocer que no escondemos nuestra admiración por Antígona, por las “leyes no escritas de los dioses” o, como se dice ahora, los Principios Generales del Derecho (la equidad, la prudente aplicación de la ley al caso concreto conforme a una idea primigenia de Justicia o bagatelas deontológicas por el estilo…).

Ni esconderemos tampoco a las más altas instancias, ni a la opinión pública ni a los medios de comunicación esta manifestación de oprobio. La esperanza y las propias convicciones serán lo último que perdamos.

Es evidente que Endesa no disfruta del don de la oportunidad, tal vez tampoco lo pretende, al presentar su demanda en el crítico momento en que se está tramitando en la Dirección General de Patrimonio del Estado un procedimiento de desafectación de estos terrenos para su ulterior transferencia a la Junta de Andalucía, cuyos responsables, usted en primer término, han demostrado interés por el asunto, dadas las connotaciones sociales que subyacen y que han sido ya expuestas más arriba en esta misma carta.

 Por todo ello nos dirigimos a Ud., vinculado personal y políticamente a esta sierra y comprometido como nos consta, en la lucha porque estos territorios no se despueblen, como pretende Endesa con este gesto, para que, en la medida de lo posible, agilice el proceso de transferencia del Pantano del Tranco a la Junta de Andalucía, antes de que la voracidad de la Compañía hidroeléctrica acabe con los últimos vestigios humanos que quedan en ese olvidado pantano.

Sin más, agradeciendo de antemano la atención prestada, reciba un cordial saludo y el atento testimonio de mi más alta consideración.

 

 

El Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural y Cultural del Tranco

En El Tranco, 13 de noviembre de 2006

 

 

 

 

Fdo. Santiago Sandoval Rubira

 

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